Hasta ahora, CCAA de diferente signo político han venido “aprovechando” las posibilidades que ofrece la Ley 15/97 y construyendo hospitales privados bajo el paraguas del eufemismo “colaboración público-privada”.
Así, el PP ha utilizado este sistema privatizador en la Comunidad Valenciana (hospitales de Alcira, Torrevieja, Elche, Denia y Manises), en la de Madrid (hospitales de Vallecas, S. Sebastián de los Reyes, Coslada, Parla, Arganda, Aranjuez, Majadahonda, Valdemoro, Torrejón y los de próxima apertura en Móstoles y Villalba), en Murcia (hospitales de Mar Menor, Cartagena y Mazarrón), en Galicia (Hospitales Xeral y Pontevedra) y en Castilla León (hospital de Burgos).
También lo ha hecho el PSOE –gobernando en coalición- en Cataluña (hospital del Bajo Llobregat) y Baleares (hospitales de Son Espases y Can Mises).
A esta ya amplia relación, se une ahora el anuncio del PP, en Castilla la Mancha, de construir –o ampliar- mediante este modelo los hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara.
*La novedad
Pero la “novedad” más significativa del anuncio de Mª Dolores de Cospedal no es ésta. Por primera vez hospitales públicos ya construidos y en funcionamiento –en este caso desde 2007- Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, pasarán al modelo de “gestión público-privada”.
Es decir, hospitales construidos y equipados mediante dinero público, con los impuestos de los ciudadanos y cuyo único fin era la prestación de asistencia sanitaria pública y gratuita, pasarán a manos de empresas privadas cuyo principal fin, como no puede ser de otra manera, será la obtención de beneficios económicos.
*El más que previsible futuro
Esta “novedad” no parece que vaya a quedar circunscrita a Castilla la Mancha. Con la excusa de la necesidad de recortes presupuestarios, los gobiernos del PP que copan desde la Administración central a las CCAA, iniciarán la subasta de los centros sanitarios públicos y el traspaso de hospitales tradicionales a empresas privadas.
Dicho traspaso puede no verse limitado a los hospitales de construcción más reciente, construidos y propiedad de las CCAA –caso de los 4 citados-, sino que puede afectar al grueso de la red sanitaria pública y a centros que, aunque cedidos para su utilización sanitaria a las CCAA, son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y propiedad, por tanto, de los/as trabajadores/as que los han sufragado con sus cotizaciones.
La “herramienta” para que esto último sea posible la fabricó, en julio de 2011, el gobierno del PSOE cuando, para sacar adelante la reforma de las pensiones, aceptó la propuesta de CIU de traspasar el patrimonio inmobiliario de la Seguridad social –y por tanto la propiedad y titularidad de los centros sanitarios- a las CCAA, posibilitando a éstas su venta sin garantizar siquiera su uso sanitario –podría ser directamente especulativo-.
*La Ley 15/97, piedra angular de la privatización
La importancia fundamental de esta “norma básica” en todo el proceso privatizador –su contenido convierte en legal la conversión de la sanidad pública en un lucrativo negocio-, tanto en las CCAA históricas como en las que las transferencias sanitarias son más recientes, resulta patente a la vista de la Sentencia del TSJ de Valencia (“el soporte legal a la concesión administrativa vendría dada por la Ley 15/1997”) y de la reciente propuesta de modificación de la Ley 8/2007 del Instituto Catalán de la Salud1.
En ambas referencias se pone de manifiesto que todas las CCAA precisan de la Ley 15/97 para llevar a cabo cualquiera de sus propósitos privatizadores.
*Hoy más que nunca: contra la privatización, derogación de la 15/97
Con la victoria electoral del PP se evidencia aún más la necesidad de seguir extendiendo la lucha contra la privatización de la sanidad y, por tanto, por la derogación de la ley 15/97.
Como decíamos más arriba, los anuncios privatizadores en Cataluña y Castilla la Mancha no son sino el preludio de lo que va a ocurrir en el resto del estado.
Ante los anuncios masivos de “recortes” sanitarios, corremos el riesgo de perseguir la zanahoria que nos enseñan y olvidar el verdadero fondo del asunto: la privatización, la Ley que la posibilita y el negocio que persigue.
Los recortes buscan, básicamente, el trasvase de negocio a las empresas privadas. Basta ver los “deslices verbales” de CIU al proponer que se obligue a los ciudadanos, a partir de una determinada renta, a suscribir una póliza privada de seguro de asistencia sanitaria.
Los cierres de camas y servicios, los recortes de personal, .., no hacen más que aumentar las listas de espera, deteriorar la asistencia, poner en riesgo la salud e incluso la vida y empujar a las personas que puedan pagárselo a la sanidad privada.
Lo mismo está ocurriendo con las pensiones o la educación, donde los recortes y el deterioro de la calidad, únicamente persiguen potenciar los seguros privados complementarios o los centros privados y/o concertados.
*La responsabilidad y complicidad del PSOE
Atrás quedan dos legislaturas -casi 8 años de mayoría- en las que el PSOE, aun viendo lo que el PP hacía en las comunidades valenciana y madrileña, entre otras, ha mantenido la ley en vigor e incluso se ha permitido utilizarla en algunas de las comunidades donde gobernaba con apoyo de socios de “izquierdas” (Cataluña y Baleares).
Ha hecho oídos sordos a numerosas y multitudinarias movilizaciones; ni siquiera ninguno de sus tres ministros de sanidad (Bernat Soria, Trinidad Jiménez, Leire Pajin) se ha molestado en recibir a las organizaciones que presentaron 500.000 firmas en el Congreso pidiendo su derogación.
El PSOE ha “tomado el pelo” a la ciudadanía votando a favor, en noviembre de 2009, de la “modificación” –que no derogación- de la ley 15/97 propuesta por IU, y presentando prórrogas semanales durante 2 años, hasta el agotamiento la legislatura, para evitar que dicha modificación llegase al Pleno del Congreso, y permitiendo de esa manera que el PP pueda seguir desmantelando la sanidad tranquilamente en los próximos años.
*Los lobos se disfrazan de corderos
Tras el desastre electoral estamos asistiendo a un cambio de estrategia. Portavoces del PSOE y de sus asociaciones satélites (naturalmente subvencionadas) están anunciando movilizaciones “contra los recortes”, e incluso defendiendo en público la “derogación de la 15/97”, ........., justo lo que no han hecho durante estos 8 años.
Con el inicio del 2012 nos situamos, pues, ante un nuevo escenario en el que, para recuperar votos –y/o paliar la previsible debacle en Andalucía-, los propios co-responsables (junto al PP) de la privatización, se preparan para volver a engañar a la población.
Sin duda nos encontraremos con propuestas de lucha ceñidas a los recortes y reclamando una “falsa unidad”, olvidando la privatización y la connivencia con el capital privado; así como quienes han votado, mantenido y/o callado, sobre su herramienta fundamental: la Ley 15/97.
**CONTINUAR EN LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN ES IMPRESCINDIBLE
Hacemos un llamamiento a la coordinación estatal entre organizaciones no subvencionadas, asambleas populares, …, para formar un frente común contra la privatización -no sólo contra los recortes- y defender en la calle un sistema sanitario público, de calidad, gratuito y controlado por usuarios/as y trabajadores/as.
Madrid, 8 de diciembre de 2011
Fuente: CASMADRID
