Ahora que estamos asistiendo a la construcción del nuevo mini-hospital privado de Móstoles, es un buen momento para recordar, que la empresa adjudicataria, Capio, puede hacer lo mismo que están haciendo ahora las constructoras que gestionan los hospitales privados que ya funcionan en la Comunidad de Madrid (pedir más dinero).
Por ello, transcribimos literalmente el comunicado que han hecho publico la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad y la Plataforma Matusalén.
COMUNICADO DE CAS Y MATUSALÉN.
En relación con la noticia de que las concesionarias de los nuevos hospitales modelo concesión PFI exigen 80 millones de € mas a la Comunidad de Madrid, así como un incremento de casi 10 millones de € del canon anual, con la amenaza de que, si no lo hacían, “podrían colapsar” los centros, desde la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad y la Plataforma Matusalén querremos informar:
Desde que el PP anunció, en 2005, la elección del modelo de hospital concesión (PFI), advertimos de las nefastas consecuencias que iba a tener para el propio Sistema Sanitario Público, debido a la evidencia científica existente en aquel momento. Además, el propio modelo conllevaba un incremento de la complejidad de la gestión, y dejaba en manos de las empresas adjudicatarias el poder de incrementar los precios, bajo amenaza de proceder al cierre si no lograban las rentabilidades económicas que consideraran adecuadas para sus intereses.
En enero de 2009 denunciamos el desastre financiero del modelo (“Los nuevos hospitales madrileños una bomba de relojería sobre el sistema sanitario público” http://www.casmadrid.org/docStatic/nnhh_bomba_relojeria_01_2009.pdf) puesto que el “pago por el uso de los hospitales privados no es sólo un gigantesco trasvase de fondos públicos hacia manos de los accionistas privados, sino que está teniendo ya graves repercusiones en la calidad de la atención sanitaria”.
En febrero de 2010 reiteramos nuestras denuncias (“Los nuevos hospitales madrileños: Un pozo sin fondo” http://www.casmadrid.org/docStatic/nnhh_pozo_sin_fondo.pdf) debido al incremento de los problemas económicos, ya que el pago del canon a las concesionarias estaba obligando a retirar dinero de los capítulos destinados tanto a la atención a los pacientes como a las plantillas.
Llama poderosamente la atención la manipulación electoral, por parte del PSM-PSOE, de la carta de la SEOPAN sobre la “situación financiera de los nuevos hospitales”, dado que el firmante de la carta, presidente del lobby que acoge a las 33 mayores constructoras, fue el anterior asesor económico del Presidente Zapatero, y que Tomás Gómez, candidato del PSM-PSOE, no se ha comprometido en ningún momento ni al rescate de los hospitales privatizados, ni a la modificación o derogación de la Ley 15/97 que los legitima. En este sentido tenemos que recordar que, desde hace 18 meses, está abierto el plazo para la presentación de propuestas de modificación de dicha Ley en el Parlamento, y el PSOE no ha presentado ninguna, lo que demuestra su interés en que el modelo se siga manteniendo , a pesar de la utilización electoral que a menudo hace de este asunto.
En consecuencia, el problema no es sólo Esperanza Aguirre, sino que es el propio modelo PFI (y quienes mantienen la Ley que lo posibilita) el que lleva a la asfixia económica al Servicio Madrileño de Salud, con independencia del partido que gobierne. Tanto PP (Madrid, Valencia, Murcia), como PSOE (Baleares, Catalunya, …) han aplicado este modelo en sanidad y en otros sectores públicos, y en todas estas comunidades autónomas es muy probable que se repitan las “amenazas de colapso” de las concesionarias para lograr incrementar sus ganancias a costa de los fondos públicos, como ya se demostró en su día con el rescate de la concesión del Hospital de Alzira.
Es suficientemente conocida la precariedad laboral de las plantillas de los servicios privatizados que explotan estas concesionarias y que tiene como objetivo maximizar beneficios (hospitales de 200 camas con 1 limpiadora y 3 celadores en el turno de noche), así como que, ya en 2011, habían recuperado casi el 97% de la inversión inicial prevista en la licitación. Lo que no son públicos son los beneficios obtenidos de los servicios comerciales de estos centros (parking, tiendas, cafeterías, ……….), que podrían llegar a ser considerables.
Recientemente la Oficina Nacional de Auditorias británica, organismo encargado de estudiar los gastos públicos, ha “recomendado al gobierno que busque urgentemente formas alternativas de aportación de capital a los proyectos de infraestructuras de gran escala, después de que en algunos casos los costes de las PFI se hayan disparado ……..” (Gran Bretaña: El organismo británico de control advierte de los riesgos de las iniciativas de financiación privada http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2573&titulo=NOTICIAS). En otros casos, se han llegado a rescatar para el sector público hospitales PFI debido a sus altos costes puesto que resultaba más rentable rescatar la concesión que mantenerla 30 años (Inglaterra: por primera vez rescatan un hospital PFI para ahorrar costes http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2408&limit=170&titulo=NOTICIAS ).
Tanto desde la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad (www.casmadrid.org) como de la Plataforma Matusalén, exigimos al PSOE que presente propuestas de modificación de la ley 15/97, ya que votó a favor de su toma en consideración en noviembre de 2009, y al PP que paralice cualquier otra licitación de centros con este modelo, que se ha demostrado que lleva al sistema público sanitario a la bancarrota.
Y a ambos a que, sin demora, se proceda al “rescate” y vuelta a manos públicas de todos los centros privatizados.
DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 Y RESCATE DE LOS HOSPITALES PRIVATIZADOS.
CAS, Matusalén mayo de 2011.
Documento original: http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=69&titulo=COMUNICADOS.
