Aunque la privatización de la
sanidad se viene llevando a cabo desde la década de los 90, recientemente ha
sufrido una de las peores agresiones al aprobar el PP el RDL 16/2012, que:
- Excluye de la atención sanitaria integral(1) a parte de la población,
mediante un cambio fundamental: vincular
la atención al aseguramiento, en lugar de a la residencia. Con el nuevo modelo,
la gran mayoría de las personas
excluidas sólo tienen derecho a utilizar los servicios de urgencias(2).
- Divide los servicios a los que tenemos derecho en “básicos” (gratuitos para todos en el
momento del uso), “accesorios” y “complementarios” (por los que habrá
que pagar una parte). Se ponen las bases
para ir suprimiendo prestaciones hasta ahora gratuitas en el momento del uso,
trasladándolas al grupo de las de pago
por su utilización.
- Se introduce el “repago” de medicamentos para pensionistas
y fármacos para enfermedades crónicas y
muy graves (cánceres, SIDA, etc.) que se proporcionan en los hospitales.
También –aunque retirado en el último momento- para el transporte sanitario no urgente, dietas especiales, etc.
Lo más peligroso del RDL es que
tiene como objetivo cambiar la mentalidad de la población, introduciendo la
idea de que la atención sanitaria no es un derecho básico y tratando de
acostumbrarnos a la idea de que para recibir asistencia hay que estar
asegurado, promoviendo así la
contratación de seguros privados.
Además, se señala y culpabiliza a los sectores más vulnerables y necesitados
de asistencia sanitaria (pensionistas y enfermos crónicos) con la idea de que
“resultan muy caros a todos” y por tanto deben pagar parte de su atención
("repago"), tratando de hacerles responsables de una supuesta y nunca
demostrada “insostenibilidad del sistema”.
Se trata de una ley xenófoba que deja fuera de la atención sanitaria (derecho humano universal) a los inmigrantes no regularizados,
culpándoles de una situación que no han creado, y ataca de forma gravísima a los sectores más desfavorecidos de la
población: jóvenes, parados, pensionistas, inmigrantes, excluidos, …, condenándoles a la enfermedad y la muerte.
Por todo ello:
¡¡ DEROGACIÓN del Real Decreto Ley 16/2012 !!
(1) ¿Quién queda fuera del derecho a la atención
sanitaria, de momento? Los trabajadores
españoles no afiliados a la Seguridad Social, los ciudadanos de la Unión
Europea con permiso de residencia que no estén trabajando, las personas
extranjeras con permiso de residencia obtenido después del 24 de abril de 2012,
y los trabajadores inmigrantes sin
tarjeta de residencia. Además, el este Real Decreto reduce las situaciones que
permiten ser "beneficiario" (los beneficiarios son los incluidos con
cada asegurado en su mismo seguro) únicamente a su cónyuge y sus hijos menores
de 26 años.
(2) En el caso de mujeres a la
atención en el embarazo y parto, mientras que los menores de 18 años quedan
incluidos (por ahora) en la atención integral.
