El sistema sanitario público es opaco y con grandes ejemplos de corrupción. Antiguos gestores públicos acaban colocados en empresas privadas que luego se lucran con la sanidad pública, en lo que se ha llamado “sistema de puertas giratorias”.
Cuanto mayor es el grado de privatización, mayores son los casos de corrupción por mucho que los políticos voten ocultarla, como ha ocurrido recientemente en Catalunya.
En definitiva, políticos y empresarios se lucran de los presupuestos sanitarios y convierten la salud en un negocio en lugar de en un derecho.
En gran medida esto se produce porque no existen mecanismos legales que permitan a la población -que es quién financia la sanidad con sus impuestos- participar en la gestión o en el control del sistema sanitario (la Ley General de Sanidad de 1986 no estableció sistemas reales de participación de la población en el funcionamiento de los centros, ni siquiera de acceso a la información).
De esta forma, durante años, políticos de todos los colores han ocultado desde los datos de calidad del sistema (mortalidad, morbilidad, reingresos, infecciones, …), hasta como se gasta nuestro dinero; todo ello para que la población no pueda exigir responsabilidades, ni tenga conciencia de lo que está ocurriendo con nuestra sanidad. Incluso, el propio Tribunal de Cuentas, controlado por los propios partidos políticos, ha tenido que reconocer graves irregularidades en el gasto sanitario(1).
Ahora anuncian la creación de las llamadas Unidades de Gestión Clínica, como una medida para “dar participación a los trabajadores en la gestión” –excluyendo de nuevo a los pacientes-, cuando en realidad se trata de crear pequeñas empresas, dirigidas por profesionales de la sanidad con evidente ánimo de lucro y que constituyen una privatización encubierta.
El reparto de beneficios entre los directivos médicos será –como en la privada– resultado del ahorro en la calidad de la atención.
Es necesario establecer sistemas para la participación real de la población y las/os trabajadoras y trabajadores de la salud, en la gestión de los centros sanitarios, en cada barrio o localidad.
Dichos órganos, elegidos democráticamente y con posibilidad de ser revocados en todo momento, deben de tener carácter decisorio.
Toda la información económica, de actividad y resultados debe ser permanentemente pública y accesible para cualquier persona o grupo que la solicite.
Porque los que financiamos la sanidad debemos de tener derecho a controlar su funcionamiento y participar en su gestión.
(1) La adquisición de prótesis, marcapasos, válvulas cardiacas o lentes intraoculares por parte de los hospitales del Insalud ha sido un auténtico caos, con despilfarro económico, descoordinación y vulneración flagrante de las normas de contratos del Estado. Un informe aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado martes muestra que en 1991 los precios pagados eran más altos que en el sector privado y, además, el 77% de los productos se adquirió sin concurso público. Algunas irregularidades persisten en 1994. Sanidad alega en su defensa la presión asistencial. http://elpais.com/diario/1994/12/03/sociedad/786409213_850215.html
