LA PRIVATIZACIÓN MATA.

Asamblea por la Sanidad Pública y Contra la Privatización del Nuevo Hospital de Móstoles.

Contacto: plataf.sanidad.publica.mostoles@gmail.com

jueves, 30 de octubre de 2014

Cofely, la empresa implicada en la operación “Púnica”, también tiene contratos en el sector sanitario en diversos puntos del estado.

Entre ellos, el “Mantenimiento, conservación y reparación de edificios de los centros de salud de las actuales Áreas 1, 3,4 y 5” de Madrid y también el mantenimiento de centros de salud en la comunidad de Asturias.
En el caso de Madrid, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud publicó una resolución en el BOCM el 27 de enero de 2011 por el que se adjudicaba a Cofely el mantenimiento, conservación y reparación de edificios de los centros de salud de las antiguas Áreas 1, 3, 4 y 5. La licitación se realizó por un importe total de 1, 2 millones de €, pero Cofely rebajó la adjudicación la mitad, hasta 586.000 € quedándose con ella. 
El segundo lote de centros de salud, de las antiguas áreas 6, 7, 8, 9, 10 y 11, fue adjudicado a la empresa “Velasco Obras y Servicios, S.L.-Fernández Molina Obras y Servicios, Sociedad Anónima” por 950.000 €. 
En Galicia también tiene un contrato de 11 millones con el SERGAS para el suministro eléctrico y conservación del Hospital de O Salnés y quince ambulatorios, así como la redacción del proyecto, mantenimiento y suministro eléctrico del futuro del centro de salud de Marín.
En Castilla La Mancha Cofely se adjudicó el mantenimiento de 40 centros de salud en la provincia de Toledo y el mantenimiento de su Centro de Datos.

jueves, 16 de octubre de 2014

Chile: se paraliza la aplicación del modelo concesión en un hospital, tras 28 días de huelga.

La lucha de los trabajadores, y sus sindicados organizados en la “Multigremial Salud Sector Oriente” de la Región Metropolitana de Santiago, formado por administrativos, técnicos paramédicos y personal de enfermería (el sector médico se sumó a la lucha mucho mas tarde y “muy tímidamente”), logró tras 28 días de huelga, bloqueos de calles, marchas, presión política a través de diputados, etc. dar marcha atrás al proceso de privatización del hospital del Salvador.
Ya en agosto,  tuvo lugar un paro nacional de 24 horas en el sector salud contra las concesiones en hospitales.
El acuerdo firmado con el gobierno establece la creación de una mesa técnica entre el Ministerio de Salud, los sindicatos y representantes de usuarios que vigilará sobre TODOS los aspectos de la concesión. Para el acuerdo, se contó con la mediación del padre Felipe Berríos (http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Berr%C3%ADos) que dijo que “la mesa de negociación donde se firmo el acuerdo no es un confesionario y frente a cualquier intento del gobierno de no cumplir va a hablar”.
Por parte del gobierno se habla de “no bajar la concesión” (rescindirla) pero se firmó que se trabajará sobre los artículos 19 y 20 de la ley de concesiones que estipula hasta rescindir servicios externalizados a cambio del pago de multas, cambio de condiciones, etc.    El Gobierno anunció que se revisarán "todas las obras y servicios" contratados en la concesión, resguardando el valor patrimonial y los requerimientos técnico-sanitarios.
En la práctica se va a construir el hospital a través de la concesionaria, cosa que siempre ocurría en Chile, pues el estado chileno no tiene constructora propia, pero por primera vez se cuestiona de forma TOTAL la posterior explotación privada de los servicios, que es donde mayor es la ganancia de la concesionaria y mayor es el deterioro de la calidad asistencial para los pacientes. 
Es la primera vez en Chile que un movimiento popular pone frenos a una concesión hospitalaria.  Además se va a enviar una propuesta de ley que prohíbe explícitamente la utilización de las concesiones en el sector de la salud pública. Si se logra la aprobación de la ley, se pararía de una vez para todo cualquier intento de seguir desmantelando la salud pública, aunque los trabajadores anunciaron que seguirán luchando para revertir otras concesiones ya existentes como las del hospital Felix Bulnes.
Además, el gobierno se “compromete” a “no concesionar más partes de la salud pública”, de forma que retirará todos los proyectos de salud pública que estaban en carpeta por concesionar, mientras que un grupo de parlamentarios prepara una ley que excluye explícitamente la salud pública de la ley de concesiones, que se seguirá aplicando en aeropuertos, puertos, autopistas, recursos naturales y servicios básicos. En estos momentos, a pesar de haber firmado un acuerdo comprometiéndose a no utilizar el “modelo concesión”, el gobierno sigue haciendo declaraciones en el sentido de que se “concesionaria” el Hospital del Salvador. Ante el peligro que el gobierno quiera invalidar el acuerdo, los gremios y trabajadores siguen en alerta. Tienen claro que la lucha termina cuando los acuerdos sean realidad. Hoy jueves está prevista una asamblea de trabajadores y está planificada una rueda de prensa para mañana viernes en el Ministerio de Salud, acompañada por una movilización en el lugar para dejar en claro: “Ni un paso atrás”.
CAS-Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad, octubre de 2014.

lunes, 13 de octubre de 2014

Entrevista a Nines Maestro en Ràdio Klara sobre la crísis del Ébola en el Estado Español.

Entrevista a la técnica sanitaria y miembro de CAS Madrid, RedRoja y SAS, Nines Maestro, sobre la crísis sanitaria del Ébola en el Estado Español, en el pograma acció directa, el programa de CGT País Valencià en Ràdio Klara del 08/10/2014.

sábado, 11 de octubre de 2014

EBOLA: MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES.

El brote de Ébola surgido en el Estado español a partir de la importación premeditada de dos enfermos ha puesto de manifiesto las dramáticas consecuencias, tanto de la incompetencia de los gestores de las diferentes administraciones sanitarias, como de la enorme degradación del sistema sanitario público, planificado desde el nivel político y al servicio del negocio privado.
El proceso de toma de decisiones en relación con el Ébola, como hemos denunciado, ha sido el siguiente:
1º El Gobierno decide repatriar a los enfermos graves, infectados de Ébola, sin que se les pudiera ofrecer otro tratamiento – exclusivamente paliativo - que el que podría ser aportado por recursos sanitarios enviados a los países de los que procedían. No hay constancia del aval para tal decisión de servicios especializados en Epidemiología.
 2º Se ingresa a los dos enfermos en el Hospital Carlos III en cuya 6ª planta estaba instalada una unidad de referencia estatal para alertas epidémicas que estaba desmantelada desde principios de este año. En esas mismas fechas se procedió al desmantelamiento de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI).
El objetivo de la Consejería de Sanidad era convertir al citado Hospital – así como al Hospital de la Princesa – en centro geriátrico para el tratamiento de enfermos crónicos y asegurar así el negocio de la sanidad privada, descargándole de los pacientes “no rentables”.
Esta decisión que afecta a competencias del Mº de Sanidad se tomó sin que ninguna otra instalación se abriera en ninguna otra Comunidad Autónoma.
El personal sanitario de la planta 6ª, formado y experimentado en el tratamiento de enfermedades infecciosas como el SIDA, la Gripe A o la Tuberculosis, abandonó el hospital casi en su totalidad ante la imposibilidad de desarrollar su profesión en un hospital de enfermos crónicos.
Del antiguo personal cualificado, en el momento del ingreso de los enfermos de Ébola, sólo quedaban una enfermera en turno de mañana y otra en turno de tarde.
Se recluta para atender a los enfermos a personal de otras plantas del Hospital, sin cualificación específica alguna y a sanitarias y sanitarios de UVI de La Paz. La improvisación es total hasta el punto de que buena parte del material sanitario necesario para poder atender a los enfermos de Ébola es trasladado en coches particulares por el personal de la Paz, desde este hospital al Carlos III.
5º Al personal sanitario de ambos hospitales destinado al contacto directo con los enfermos se les da un curso de formación de 20 minutos acerca de la forma de ponerse y quitarse el Equipo de Protección Individual EPI). Téngase en cuenta que la formación del personal de los equipos internacionales que están en los países más afectados, como es MSF, dura al menos 48 horas.
Tales Equipos, como desgraciadamente se ha comprobado con la compañera Teresa, no ofrecen las garantías de aislamiento total debidas. Dado que se desconocen exactamente los mecanismos de transmisión – y, por ejemplo la distancia a la cual una gota de saliva puede ser o no contagiosa - los protocolos internacionales aconsejan las más altas medidas de aislamiento.
Los trajes de aislamiento que está utilizando el personal sanitario son los de riesgo biológico 2 - 3, que no son totalmente herméticos como los de riesgo biológico 4 – el aconsejado para el Ébola - usados en otros países. Si Teresa hubiese tenido un traje como estos últimos, o se hubieran comprado robots especializados en limpieza y desinfección,  muy probablemente no estaría contagiada.
Tras la importación del primer foco de infección y el contagio que da lugar al primer caso del Estado español y dada la altísima contagiosidad y letalidad del virus del Ébola, se pone en evidencia la ausencia de información, de formación y de recursos del personal del conjunto del sistema sanitario público, que como ha podido comprobarse está arriesgando su vida tratando a los enfermos e intentando controlar el brote de infección.
8º El avanzado proceso de degradación del sistema sanitario público, como se ha puesto en evidencia en el Hospital Carlos III exige tomar decisiones que permitan contar con los recursos humanos y materiales capaces de aislar el brote epidémico y controlar la enfermedad.
9º Ante esta escandalosa situación que deja en evidencia la gravísima responsabilidad de políticos y gestores, la desvergüenza del Consejero de Sanidad intentando culpar del contagio a quien no puede defenderse, ofrece la máxima vulnerabilidad a las presiones desatadas sobre ella y está jugándose la vida, exigen de todas las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública el máximo rechazo y desprecio.
Por todo ello exigimos que se tomen medidas reales capaces de minimizar el riesgo y proteger efectivamente la salud y la vida de la población.
Estas son:
PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA. En concreto anulación inmediata de la decisión de adjudicar a la empresa Copcisa del contrato para las obras de transformación del H. Carlos III en un geriátrico.
APROBACIÓN DE UN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA:
· PROVEER CON CARÁCTER INMEDIATO AL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL CARLOS III EN CONTACTO CON PACIENTES ENFERMOS O SOSPECHOSOS DEL EQUIPO DE MÁXIMA PROPECCIÓN CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE ALERTA 4, ASÍ COMO DE LOS CURSOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FORMACIÓN.
· DOTAR A TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA SANITARIO DE RECURSOS DE FORMACIÓN Y MATERIALES SUFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO Y LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS. CREACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL ÉBOLA Y/O ENFERMEDADES ALTAMENTE INFECCIOSAS, EN TODOS LOS HOSPITALES DE REFERENCIA DEL ESTADO.
- MODIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS VIGENTES PARA PASAR DEL NIVEL DE “OBSERVACIÓN EPIDEMIÓLOGICA” A LA BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS PARA PROCEDER A SU AISLAMIENTO Y TRATAMIENTO PRECOZ.

-ENVIO DE UNIDADES MEDICAS ESPECIALIZADAS, LABORATORIOS Y HOSPITALES DE CAMPAÑA A LOS PAISES AFECTADOS PARA AYUDARLES A CONTENER LA EPIDEMIA.
Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad. 10-10-2014.

jueves, 9 de octubre de 2014

Increible: en plena crisis del ébola el PP publica la adjudicación para desmantelar el Carlos III

Increible: en plena crisis del ébola el PP publica la adjudicación para desmantelar el Carlos III
Con la chulería que les caracteriza, en plena crisis del ébola, provocada por ellos mismos, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid prosigue su plan de desmantelamiento y privatización de la sanidad,publicando hoy mismo en el Boletín Oficial, la formalización del contrato de obras para acabar de desmantelar el centro de referencia estatal para enfermedades infecciosas (Carlos III), y convertirlo en un centro para pacientes crónicos (media/larga estancia), adjudicándoselo a la empresa “Copcisa, Sociedad Anónima” por 1,2 millones de €.  
También hoy mismo, en Consejo de Gobierno, el PP ha continuado repartiendo a espuertas dinero público a empresas privadasen lugar de dedicar esos fondos por ejemplo a comprar trajes de seguridad nivel 4 para los centros sanitarios, o por ejemplo, robots para realizar las tareas de limpieza y desinfección como ocurre en otros países de nuestro entorno, que solo cuestan 100.000 € cada uno (en EEUU  más de 250 hospitales disponen de ellos, en el estado español ninguno):
  • Un  millón de € para mamografías en centros privados.
  • 16,6 millones de € para “evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de datos sanitarios (MEDAS).
  • Casi 11 millones de € `para la “·modificación nº 4 del contrato de gestión de servicio público del nuevo hospital privado de Villalba”.

ÉBOLA: CRÓNICA DE UN DESPROPÓSITO ANUNCIADO.

Nota de prensa.
 
Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad. 7-10-2014
 
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad emitió un comunicado el 7de agosto pasado[1] calificando de irresponsable la decisión del Ministerio y de la Consejería  de Sanidad de Madrid de repatriar al primer enfermo de Ébola, porque suponía “importar de forma premeditada lo que era el primer caso en el Estado español y en Europa, y someter  a un riesgo absolutamente injustificado a las trabajadoras y trabajadores del Hospital Carlos III y en general a toda la población”.

Ninguna otra organización, ni sindical, ni científica, cuestionó una medida inaceptable desde el punto de vista epidemiológico por cuanto implicaba introducir un foco de infección originado por una cepa – la Ébola-Zaire - altamente contagiosa, muy letal y para la que no se conoce tratamiento eficaz.

De ninguna manera - señalábamos – la repatriación de esos dos enfermos tenía la justificación de que aquí se les pudiera aportar otro tratamiento – el paliativo – que el que se les hubiera podido garantizar enviando hospitales o laboratorios de campaña, además de enviar recursos sanitarios a la zona afectada.

Así mismo destacábamos la “aberración sanitaria que había supuesto el cierre a principios de este año de las instalaciones que hacían del Hospital Carlos III el centro de referencia estatal para alertas epidémicas, sin que ningún otro se hubiera abierto en ninguna otra Comunidad Autónoma”. Tal medida tenía por objeto convertir al citado Hospital – así como al Hospital de la Princesa – en centro para el tratamiento de enfermos crónicos y asegurar así el negocio de la privada, descargándoles de los pacientes “no rentables.

Desgraciadamente la confirmación del contagio de la compañera Teresa, trabajadora sanitaria del H. Carlos III y que estuvo en contacto con el segundo paciente, y el aislamiento de otras personas, confirma punto por punto todo lo que hace dos meses denunciaba CAS Madrid. 

Ahora podemos añadir lo siguiente:

1º El desmantelamiento de la planta sexta, en la que se ubicaba el centro de referencia para emergencias epidémicas, supuso la dispersión de todo el personal sanitario debidamente formado y entrenado en la aplicación de protocolos para el adecuado tratamiento y aislamiento de enfermedades de alto riesgo de contagio. De todo el citado personal, sólo queda ahora una enfermera en turno de mañana y otra en el de tarde.

2º La planta sexta se abre para ingresar al primer paciente de Ébola tras impartir al personal sanitario un curso de menos de una hora en el que se explicaba como ponerse y quitarse el traje. Tras el ingreso del segundo enfermo se imparte otro curso de la misma duración en el que se añaden algunas nociones acerca del manejo de residuos.

3º Dado que se desconocen exactamente los mecanismos de transmisión – y, por ejemplo la distancia a la cual una gota de saliva puede ser o no contagiosa, los protocolos internacionales aconsejan las más altas medidas de aislamiento-.
Los trajes de aislamiento que está utilizando el personal sanitario son los de “riesgo biológico 3”, menos herméticos – porque están fabricados con material más poroso y en los que las gafas no están selladas con el gorro -  que “los de riesgo biológico 4” usados en otros países.

4º Por las mismas razones, en otros países se han establecido protocolos para el seguimiento de las personas que han estado en contacto con los enfermos debe ser estricto durante los 21 días del periodo de incubación de la enfermedad, a quienes no se les permite, por ejemplo, irse de vacaciones.

5º Denunciamos que la Unión Europea, ante la epidemia de Ébola en países ricos en materias primas y pobrísimos en recursos sanitarios – lejos de enviar ayuda – a lo que se ha dedicado es a blindar aún más sus fronteras ante la población inmigrante.
Más vergonzosa aún, si cabe es la decisión de EE.UU. de enviar 3.000 soldados – sin experiencia sanitaria documentada- para “combatir la epidemia”.
Ante tanto cinismo y menosprecio de la vida de las personas por parte de las grandes potencias, destaca la decisión de Cuba – un país pobre de once millones de habitantes – de enviar 165 médicos a Sierra Leona.

6º Ante una epidemia de la gravedad de ésta y que ha saltado ya a Europa y a EE.UU., llama poderosamente la atención que no se hayan publicado estudios pormenorizados sobre el foco inicial de una infección tan virulenta y letal. Apuntamos al respecto la coincidencia de este brote epidémico con la existencia de un laboratorio en el hospital de Kenema, en Sierra Leona, que estaba trabajando sobre el virus del Ébola y que colabora con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas de la Armada de EE.UU, sobre armas biológicas.[2]

Desde CAS Madrid exigimos la depuración inmediata de responsabilidades entre todos los políticos y gestores que han tomado las decisiones de repatriar a los pacientes infectados, así como de gestión de la atención, hechos que han puesto en riesgo gravemente la salud de trabajadores y población, por lo que la única postura decente sería reconocer sus errores y presentar la dimisión.

Por otra parte, nos reafirmarnos en nuestra denuncia de que lo ocurrido es en parte resultado del proceso de deterioro, desmantelamiento y privatización de la sanidad, que se viene realizando ininterrumpidamente desde 2005 en esta comunidad autónoma, y que pese a informaciones interesadas, en ningún momento se ha paralizado.
 
Madrid, 7 de octubre de 2014  

martes, 23 de septiembre de 2014

MADRID: GUÍA DEL PACIENTE PARA EVITAR SER DERIVADO A UN CENTRO PRIVADO.

La derivación de pacientes a centros privados, para que se les realicen pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, está “legalizada” por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad -aunque, en teoría, antes de hacerlo, los centros públicos deberían haber realizado una «utilización óptima de sus recursos propios»-.

Sin embargo -desde hace muchos años- todas las comunidades autónomas (independientemente de quien haya gobernado) han mantenido infrautilizados los centros públicos, para “justificar” una derivación, cada vez mayor, de los procesos y pacientes «rentables» a centros privados. Mientras, el sector público se sigue haciendo cargo de lo complejo y lo costoso.

Tras 28 años de vigencia, con el conformismo y el silencio de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, hay suficientes datos objetivos que demuestran que este artículo es un mecanismo ideado para desmantelar la sanidad pública y potenciar la privada, al tiempo que se llenan los bolsillos de sus accionistas. Sin duda, debería ser derogado.

¿POR QUÉ ES PREFERIBLE SER ATENDIDO EN UN CENTRO PÚBLICO?

Existen muchas razones, pero las principales son:

CALIDAD
- Múltiples estudios internacionales, publicados en prestigiosas revistas científicas, ponen de manifiesto que la mortalidad es superior en los pacientes atendidos en centros con ánimo de lucro: un 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos y un 9,5% en recién nacidos.
- La sanidad pública es la única que puede asegurar la calidad y la universalidad en la asistencia, por ello hay que evitar que se desvíe el dinero público de nuestra asistencia sanitaria a ninguna empresa.
- Cuantos más pacientes elijan la privada, más se justificará la rebaja de presupuestos, y el deterioro de la calidad, en los centros públicos.
- Los trabajadores de los centros públicos no reciben (aún) incentivos económicos por dar altas prematuras, no ingresar a los pacientes, realizarles pocas pruebas, etc., como ocurre en los centros privados.
- Los centros públicos, por lo general, están mejor dotados de material y recursos humanos.
ECONOMÍA
- El objetivo fundamental de las empresas es la obtención de beneficios.
- En consecuencia, la sanidad privada es muchísimo más cara que la pública.
- Cuando eres operado en un centro privado, por lo general todo el proceso posterior se realiza en un centro público. Es decir, los hospitales privados cobran a la Administración por la intervención, pero se desentienden del proceso posterior: seguimiento, curas, etc.
¿QUIÉN TE LLAMA PARA OFRECERTE LAS CITAS?

El sistema de citaciones está privatizado en Madrid desde 2010.

Quien te llama para darte una cita no es ni un sanitario, ni un trabajador público, sino un teleoperador de la empresa Indra, quien, siguiendo indicaciones, trata por todos los medios que aceptes ser derivado a un centro privado.

¿QUÉ CENTROS SON PRIVADOS?

Los hay de tres tipos:
- Los privados «de toda la vida»: aquellos centros y clínicas que nos ofrecen, para “adelantar” pruebas o intervenciones quirúrgicas (La Milagrosa, Beata Mª Ana de Jesús, Hospital de Madrid –varios-, Ruber, S. Francisco de Asís, Centro de Resonancia Magnética de la calle General Arrando, y un larguísimo etcétera).
- Los «nuevos» privados, que la Administración nos presenta como públicos y que ha convertido en «hospitales de referencia» para cientos de miles de madrileños: hospitales de Valdemoro, Rey Juan Carlos-Móstoles y Torrejón –y el de Villalba cuando lo abran-, así como la Fundación Jiménez Díaz(con los ambulatorios de Pontones y Quintana).
También es enteramente privado el laboratorio central de referencia de San Sebastián de los Reyes, que realiza las analíticas de más de un millón de madrileños.
- Los semipúblicos -o semiprivados, según se mire-: otros 7 hospitales propiedad de empresas constructoras en los que «todo es privado», con excepción del personal sanitario (hospitales de Majadahonda, Arganda, Aranjuez, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Parla y Vallecas).

CUANDO NECESITES SER ATENDIDO, ¿TIENES DERECHO A ELEGIR UN CENTRO PÚBLICO Y RECHAZAR UN CENTRO PRIVADO?

Sí; hay que exigir que la atención sanitaria que nos hayan indicado -pruebas, consulta con el especialista, hospitalización- se realicen en un centro público.

¿QUÉ PUEDES HACER SI SE TE ADVIERTE DE QUE SER TRATADO EN UN CENTRO PÚBLICO IMPLICARÁ UN LARGO RETRASO?

Si el teleoperador alega que la cita en un centro público va a suponer un largo retraso, debes exigir varias cosas:
- Que el teleoperador se identifique con nombre y apellidos.
- Que te comuniquen por escrito los tiempos de espera en los centros públicos en los que te niegan la cita porque existe una gran demora.
- Si es posible y te llaman a un teléfono móvil, activa la opción «GRABAR» o el altavoz para que alguien pueda atestiguar lo que te están diciendo.

En muchas ocasiones, los teleoperadores indican que la lista de espera en un centro público es de varios meses. Con posterioridad, los propios pacientes han llamado directamente al hospital o centro de especialidades públicos y han descubierto que no tenía demora o que la espera era de unas pocas semanas.

En definitiva, tratan de derivar los pacientes hacia los centros privados, vaciando de actividad los centros públicos, para mejor justificar su posterior desmantelamiento y/o cierre.

¿QUÉ REPERCUSIÓN TIENE QUE TE NIEGUES A ACEPTAR, EN LA PRIMERA LLAMADA, LA OPCIÓN DEL CENTRO PRIVADO?

Cuando se ofrece un centro privado y el paciente lo rechaza porque quiere ser tratado en un centro público de su elección, la Consejería de Sanidad le «castiga» excluyéndole de la lista de espera «estructural» y pasándole a «otra», en la que a veces se espera hasta 6 veces más.

¿TE PUEDEN DEJAR EN EL LIMBO, SIN CITA EN NINGÚN CENTRO?

Si, desgraciadamente ya tenemos documentados casos en los que pacientes han sido mantenidos durante meses en una situación en la que no se les daba cita ni en un centro público, ni en uno privado. En ese caso, contacta con nosotros (info@casmadrid.org) y trataremos de ayudarte a ejercer tus derechos.

¿CÓMO ACTUAR SI, TRAS RECHAZAR SER ATENDIDO EN UN CENTRO PRIVADO Y DARTE CITA EN UNO PÚBLICO CON MUCHA DEMORA, TU SITUACIÓN EMPEORA O SE AGRAVA?

En primer lugar ponte rápidamente en contacto con tu centro público, explicando tu situación para que te atiendan lo antes posible.

Si no te ofrecen una solución aceptable, te recomendamos que registres una carta en la Consejería de Sanidad, solicitando que se te facilite cita a la mayor brevedad e indicando que, si no recibes atención adecuada, en un plazo razonable, les harás responsables de las consecuencias que puedan producirse.

Es necesario saber que la legislación estatal sobre tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera (R.D. 605/2003) establece que, para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas o consultas externas, los pacientes deben ser clasificados como «solicitud preferente» (realización en un periodo máximo de 15 días) o «solicitud ordinaria».

En el caso de intervenciones quirúrgicas, las prioridades son: 1) pacientes cuyo tratamiento quirúrgico no admite una demora superior a 30 días, 2) recomendación de intervención en un plazo inferior a 90 días y 3) pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento.

¿ES POSIBLE CONOCER LA LISTA DE ESPERA REAL POR HOSPITALES, AMBULATORIOS O SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA?

Actualmente es imposible, pues, aunque la Administración conoce en todo momento cuál es la situación de las listas de espera quirúrgicas y/o diagnosticas, no la hace pública.

¿QUÉ PASA SI LA ADMINISTRACIÓN TE ASIGNA “FORZOSAMENTE” A UN CENTRO PRIVADO: HOSPITALES DE VALDEMORO, REY JUAN CARLOSMÓSTOLES, TORREJÓN, VILLALBA CUANDO LO ABRAN, Y LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ?

Esperanza Aguirre prometió “libertad de elección de médico y hospital”. Sin embargo, la ley que aprobó el PP (la de Libertad de Elección) es una trampa: sólo deja elegir hospital o especialista cuando «necesitemos ser tratados de una enfermedad concreta». Es decir, «la ley no nos permite elegir hospital de manera permanente».

Lo han hecho así de manera intencionada, para asignarnos forzosamente a centros privados, para que, mientras no necesitemos utilizar los servicios, parte del dinero que cada madrileño o madrileña tiene asignado para su asistencia sanitaria (unos 1.100 €/persona/año) pase a empresas privadas.

¿A DÓNDE PUEDES ACUDIR PARA PONER UNA RECLAMACIÓN O DENUNCIAR QUE TE IMPIDEN LA LIBRE ELECCIÓN?

Es posible reclamar en varios lugares y es muy importante hacerlo, siempre por escrito y guardando la copia, por si más adelante hubiese que iniciar acciones legales o de otro tipo:

- Registro de la Consejería de Sanidad, C/ Aduana nº 7, dirigida al propio Consejero.

- Defensor del pueblo, C/ Eduardo Dato, 31, 28010 Madrid (o a través de su página web: http://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/presenta/modalidad.jsf)

Comunica tus quejas a info@casmadrid.org

Guia del paciente para evitar ser derivado a un centro privado, pdf para web.

Guía del paciente para evitar ser derivado a un centro privado, pdf para imprimir blanco y negro.

Guía del paciente para evitar ser derivado a un centro privado, pdf para imprimir color.

Enlace original CAS Madrid.

sábado, 6 de septiembre de 2014

La Comunidad de Madrid sólo ofrece centros privados para el “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama”.

A través de informaciones de trabajadores, que nos piden respetar el anonimato por miedo a represalias, hemos podido constatar que, desde hace meses, diferentes hospitales públicos madrileños mantienen infrautilizados sus mamógrafos en varias franjas horarias.
Mientras tanto, desde la Consejería de Sanidad se potencia el “Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (DEPRECAM)”, enviando miles de cartas a madrileñas, ofreciéndoles una batería de centros exclusivamente privados para realizarse la prueba.
Como ya hicimos público en 2009, la normativa sobre “libertad de elección” que aprobó el PP -http://www.casmadrid.org/docs/OCTAVILLA%20AREA%20UNICA.pdf-, perseguía sentar las bases para la derivación de las pruebas y procesos rentables hacia los centros privados.
En estos momentos la desfachatez de la Consejería de Sanidad es tal, que llegan a afirmar en la citada carta que: “Ud. puede elegir libremente y de forma gratuita realizarse esta prueba en cualquiera de los centros participantes relacionados en la hoja que acompaña a esta carta”, eso sí, ofreciendo 9 centros privados  y ninguno público.
Desde CAS hacemos un llamamiento a las mujeres afectadas para que se nieguen a solicitar las pruebas en esos centros privados y exijan, si es posible por escrito, ser atendidas en sus hospitales públicos de referencia.
Comunicado de prensa de CAS Madrid, a 4 de septiembre de 2014.


viernes, 16 de mayo de 2014

REUNIÓN DE COLECTIVOS EL MARTES 20 DE MAYO DE 2014 EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÓSTOLES.

Ante el borrador de la Ordenanza Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Móstoles que ha elaborado el PP, diferentes colectivos hicimos público un manifiesto/comunicado (Asamblea Popular 15M Móstoles, Asamblea Popular en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles, Asamblea por la Sanidad Pública y Contra la Privatización del Nuevo Hospital de Móstoles, Asamblea Vivienda Móstoles, Cidespu-Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública de Móstoles, CSOA La Casika, Podemos Móstoles, SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad, SOMOS-Socialismo Mostoleño, UVA-Unión Vecinal Asamblearia de Móstoles). Ver en https://apoyalacasika.wordpress.com/2014/05/08/manifiesto-por-la-libertad-de-expresion-en-mostoles/

La limitación a la libertad de expresión que supone esta Ordenanza Mordaza, pretende dejar callados a los colectivos que de forma habitual salen a la calle a difundir sus ideas, por ello los Colectivos antes mencionados nos vamos a reunir el próximo martes 20 de mayo de 2014 a las 19,30 horas en el Local Asociativo Rompe el Círculo, Plaza del Turia 2, local 7 (al lado de la estación de Metrosur Hospital de Móstoles) para decidir que acciones vamos a seguir realizando para parar esta Ordenanza Mordaza.

Esta reunión está abierta a la participación de todos los colectivos que quieran asistir.

jueves, 15 de mayo de 2014

6. Por una política del medicamento al servicio la salud de las personas, no de las multinacionales.

Somos uno de los países de la Unión Europea con mayor gasto en medicamentos (anualmente dedicamos casi el 22 % del gasto sanitario público a farmacia(1), unos 14.000 millones de €), lo que no necesariamente se traduce en una mejor salud, sino que indica que somos muy dependientes de los intereses de las multinacionales de farmacia

Las compras descentralizadas de medicamentos (comunidades autónomas, hospitales…) no sólo favorecen la mala gestión de lo público(2), sino que dan lugar a situaciones aberrantes propicias para la corrupción

Además, la inexistencia de una industria pública permite que las grandes farmacéuticas campen a sus anchas en nuestro país

Por ello, proponemos:

-  Eliminación del Registro de los medicamentos que han quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas terapéuticas sobre otros de precio inferior.

- Creación de un sistema público de investigación, así como de una industria farmacéutica pública, para fabricar directamente los medicamentos que han perdido la patente y los más necesarios.

- Compras centralizadas, para todo el sistema público, de los medicamentos que no puedan ser fabricados o no hayan perdido la patente.

- Dispensación de los medicamentos directamente en los centros sanitarios, en las dosis necesarias.

- Prohibición de la publicidad de medicamentos en los medios de comunicación, así como de la propaganda de los laboratorios hacia los médicos, pago de congresos, viajes, etc.

Estas medidas podrían, no sólo crear empleo, sino reducir el gasto en farmacia y ahorrar, como mínimo, un tercio del gasto actual (5.000 millones de €/año).

(1) Casi el 80 % del gasto se realiza a través de oficinas de farmacia (11.000.000 millones de euros en 2011), cuyo margen es cercano al 30 %. A eso hay que sumar otro 30 % de margen de  las multinacionales y un 10 % de la distribuidora. Farmaindustria, memoria anual 2011. http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_115844.pdf

(2) Un estudio muestra cómo un hospital puede llegar a pagar el triple (362%) por un fármaco, que otro centro de similares características y de la misma comunidad autónoma.  http://elpais.com/diario/2011/11/10/sociedad/1320879604_850215.html



martes, 29 de abril de 2014

Cuando al sistema solo le importan los números. Carta de un pediatra que renuncia a su plaza por no poder trabajar con un minimo de calidad con sus pacientes.

Uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo está en peligro de extinción. Maniobras evidentes como los intentos de privatización de hospitales y centros de salud públicos son la punta del iceberg. La constante creación de nuevos hospitales y centros sanitarios de gestión privada con fondos públicos mientras se cierran o dejan bajo mínimos los servicios públicos son una realidad que lleva muchos años teniendo lugar y se ha agravado con la excusa de la crisis económica.

Escribo para dejar constancia de la situación de las consultas de pediatría en muchos centros de la Comunidad de Madrid, y, en particular, del centro en el que he prestado servicios en los últimos 2 meses (CS Valdelasfuentes, de Alcobendas, Madrid). Las inaceptables condiciones de la asistencia y el estrés laboral en que me he visto sumido me han llevado a presentar mi renuncia al cargo a pesar de los ruegos de muchos de mis pacientes para que siga siendo el pediatra de sus hijos.

En primer lugar, el centro se abrió en 2012 por razones políticas sin disponer de suficientes recursos humanos ni materiales, desmembrando el equipo del Centro de Salud Marqués de Valdavia (del que he formado parte como personal eventual durante 3 años de forma ininterrumpida, en el cargo de Médico Pediatra). A dia de hoy no se dispone aún del material necesario para realizar ciertos procedimientos diagnósticos y terapéuticos que los profesionales estamos dispuestos a realizar y se ofertan en la Cartera Estandarizada de Servicios de la Atención Primaria de la CAM. Ello obliga a aumentar las derivaciones al nivel hospitalario y con el ello el gasto sanitario y a realizar mayor número de tratamientos empíricos con el coste en farmacia y el riesgo injustificado de efectos secundarios para los pacientes.

En segundo lugar, el centro de mi denuncia. En línea con lo que ocurre en la mayoría de centros sanitarios públicos de la Comunidad, las agendas están diseñadas con una presión asistencial absolutamente desproporcionada para la plantilla y la demanda asistencial. Esto vulnera gravemente las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria. La agenda de pediatría dispone de 50 huecos para consultas médicas: Cada 5 minutos para consultas a demanda y con 4 pares de huecos de 10 minutos para consultas concertadas y revisiones del niño sano, a los que se añaden los pacientes sin cita que lo soliciten. Revisionesbibliográficas como la realizada en 2013 por Delia Outomuro y Andrea MarielActis reflejan una duración media de las consultas clínicas en Madrid de unos 10 minutos (sin distinguir en qué ámbito se ejercen) y apuntan a que son necesarios un mínimo de 18 minutos por consulta para el desarrollo de una adecuada relación médico-paciente y un ejercicio adecuado de la asistencia sanitaria.

El resultado es el de una mayoría de profesionales que trabajan como si fueran peones de una cadena de montaje, echando literalmente de las consultas a sus pacientes para poder ajustarse a las agendas; y una minoría, entre la que me incluyo, que somos incapaces de dar ese tipo de atención y, luchando por que la asistencia sanitaria siga siendo un acto humano y de la máxima calidad científica y técnica posible, generamos demoras inaceptables para la mayoría de pacientes y para nosotros mismos, con el evidente malestar que genera para todos. Éste se refleja en forma de reclamaciones por parte de los usuarios, mal ambiente laboral y una presión continua desde la dirección (en mi caso limitándome el acceso a turnos conciliables con la vida familiar y con amenazas de no renovación del contrato) e incluso de muchos compañeros, para que nos ajustemos a las agendas y dejemos de lado nuestra “ineficiente” forma de atender a los pacientes.

Si les preguntamos su opinión a estos últimos, nos responden con una confianza y solidez que han sido mi motor para seguir esforzándome al máximo en los casi 4 años que he trabajado en la Atención Primaria madrileña y que quedan patentes en manifestaciones públicas, recogidas de firmas de apoyo y cartas como las publicadas en el diario 7 días de Alcobendas o las remitidas en 5 ocasiones por la Unidad de Atención al Paciente para transmitirme la satisfacción manifiesta de mis pacientes y felicitarme por mi forma de trabajar.

CARTA DE PACIENTES DE PEDIATRIA DE ALCOBENDAS

Cuando sales de la consulta de Enrique, te vas tranquila. Sabes que ha examinado a tu bebé con detenimiento, que le ha dedicado el tiempo necesario, ha resuelto todas tus dudas y te ha explicado cada punto con detalle y amabilidad.

El precio que ha pagado por ejercer la pediatría de esta forma ha sido muy caro. Se ha visto obligado a presentar su dimisión en un centro de salud de Alcobendas ante las presiones recibidas para que dedique menos tiempo a cada paciente. Tienen cinco minutos para cada niño. Cinco minutos. Un tiempo en el que, evidentemente, es imposible atender a alguien como lo necesita, sobre todo si se trata de un sector tan vulnerable como el de los niños pequeños. Las familias de Alcobendas no nos resignamos a perder a un profesional como él y exigimos que se le permita volver y ejercer su trabajo con mayor libertad de tiempos. Los pacientes no somos clientes de una empresa que debe buscar el máximo beneficio. Somos usuarios de un sistema público de salud que pagamos entre todos con nuestros impuestos y que tiene que otorgarnos a nosotros y a nuestros hijos la mejor atención posible. Debería premiar a profesionales como Enrique y no castigarlos así.


Pacientes de pediatría de Alcobendas

domingo, 20 de abril de 2014

5. Prestaciones sanitarias / Cartera de servicios

El recorte en el gasto público para favorecer a la sanidad privada tiene un caldo de cultivo privilegiado en las prestaciones sanitarias.

Gratuidad.- Ya en 2012 se eliminó la gratuidad de algunas de ellas, total o parcialmente, y es seguro que la lista no va a hacer más que incrementarse.

Equidad.- La igualdad en el acceso a la atención sanitaria requiere que todas las prestaciones sean gratuitas, para todas las personas, en el momento en que se necesiten. Se deben incorporar todas aquellas técnicas diagnósticas o tratamientos de utilidad demostrada, así como eliminar las que se han introducido sin otra causa que beneficiar a determinados intereses. Para su sostenimiento, debe establecerse un sistema fiscal justo, que haga pagar más a los que más tienen.

Desigualdades territoriales.- Actualmente, en función de en qué lugar del estado se resida, se tiene una atención sanitaria de mayor o menor calidad, debido sobre todo a que hay comunidades autónomas que dedican 500 € menos por habitante y año que otras, lo que da lugar a prestaciones diferentes y desigualdades muy importantes en el acceso.

“El propio sistema está alimentando la desigualdad en la asistencia”

Diferentes tiempos de espera.- Los políticos ocultan los datos referentes a los resultados sanitarios o al gasto realizado. Por ejemplo, han pactado no publicar la comparación entre los tiempos de espera, muy distintos según la comunidad autónoma.

El tiempo de espera puede duplicarse en función de donde se resida, cuando hay procesos graves en los que el retraso en la atención puede causar muertes evitables, o el agravamiento irremediable de  problemas de salud.
“Ocultando los datos evitan la crítica y la movilización”

Repago.- El PP ha aprobado el copago/repago por ciertas prestaciones, y ha establecido también un catalogo “accesorio” y otro “complementario”, para trasladar allí prestaciones hasta ahora básicas y gratuitas, que serán cobradas, totalmente o parcialmente, en el momento de necesitarlas.

Porque todas y todos debemos de tener acceso a la sanidad en las mismas condiciones

EXIGIMOS PARA TODA LA POBLACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE DONDE SE RESIDA:

- Acceso a todas las prestaciones necesarias y de utilidad demostrada.

- Tiempos de espera, para diagnostico y tratamiento, similares en todos los territorios del estado.

- No al repago, porque ya pagamos la sanidad con nuestros impuestos. No debemos de pagar de nuevo cuando necesitamos asistencia.


- Revisión, por un organismo técnico (que no tenga relación alguna con ningún tipo de empresa), de las prestaciones existentes, de forma que se excluyan aquellas prestaciones que no son necesarias y útiles para la población y que propongan aquellas que siendo necesarias y de probada eficacia, no estén incluidas: odontología –tratamientos preventivos, prótesis, etc.-, podología, …..



lunes, 14 de abril de 2014

4. Por un sistema sanitario verdaderamente democrático: PARTICIPACIÓN REAL DE LA POBLACIÓN EN SU GESTIÓN.

El sistema sanitario público es opaco y con grandes ejemplos de corrupción. Antiguos gestores públicos acaban colocados en empresas privadas que luego se lucran con la sanidad pública, en lo que se ha llamado “sistema de puertas giratorias”. 

Cuanto mayor es el grado de privatización, mayores son los casos de corrupción por mucho que los políticos voten ocultarla, como ha ocurrido recientemente en Catalunya. 

En definitiva, políticos y empresarios se lucran de los presupuestos sanitarios y convierten la salud en un negocio en lugar de en un derecho.

En gran medida esto se produce porque no existen mecanismos legales que permitan a la población -que es quién financia la sanidad con sus impuestos- participar en la gestión o en el control del sistema sanitario (la Ley General de Sanidad de 1986 no estableció sistemas reales de participación de la población en el funcionamiento de los centros, ni siquiera de acceso a la información).

De esta forma, durante años, políticos de todos los colores han ocultado desde los datos de calidad del sistema (mortalidad, morbilidad, reingresos, infecciones, …), hasta como se gasta nuestro dinero; todo ello para que la población no pueda exigir responsabilidades, ni tenga conciencia de lo que está ocurriendo con nuestra sanidad. Incluso, el propio Tribunal de Cuentas, controlado por los propios partidos políticos, ha tenido que reconocer graves irregularidades en el gasto sanitario(1).

Ahora anuncian la creación de las llamadas Unidades de Gestión Clínica, como una medida para “dar participación a los trabajadores en la gestión” –excluyendo de nuevo a los pacientes-, cuando en realidad se trata de crear pequeñas empresas, dirigidas por profesionales de la sanidad con evidente ánimo de lucro y que constituyen una privatización encubierta. 

El reparto de beneficios entre los directivos médicos será –como en la privada– resultado del ahorro en la calidad de la atención.

Es necesario establecer sistemas para la participación real de la población y las/os trabajadoras y trabajadores de la salud, en la gestión de los centros sanitarios, en cada barrio o localidad. 

Dichos órganos, elegidos democráticamente y con posibilidad de ser revocados en todo momento, deben de tener carácter decisorio.

Toda la información económica, de actividad y resultados debe ser permanentemente pública y accesible para cualquier persona o grupo que la solicite. 

Porque los que financiamos la sanidad debemos de tener derecho a controlar su funcionamiento y participar en su gestión.

 (1) La adquisición de prótesis, marcapasos, válvulas cardiacas o lentes intraoculares por parte de los hospitales del Insalud ha sido un auténtico caos, con despilfarro económico, descoordinación y vulneración flagrante de las normas de contratos del Estado. Un informe aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado martes muestra que en 1991 los precios pagados eran más altos que en el sector privado y, además, el 77% de los productos se adquirió sin concurso público. Algunas irregularidades persisten en 1994. Sanidad alega en su defensa la presión asistencial. http://elpais.com/diario/1994/12/03/sociedad/786409213_850215.html